Las cárceles argentinas, en números: mitos y realidades sobre la población penitenciaria

¿Hay muchos presos extranjeros? ¿Cuál es el principal delito de los detenidos?; en una producción especial, el Diario Intendencias BA analiza las cifras de las prisiones del país provistas por los informes anuales del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En la Argentina hay 285 unidades de detención. La jurisdicción que más cárceles tiene es la provincia de Buenos Aires (54), en tanto hay 33 prisiones federales.Según el informe Sneep del 2015 (último año disponible), para el 31 de diciembre del año pasado, había 71.464 personas detenidas en cárceles del país. Es decir que la tasa de detenidos en el país es de 166 cada 100.000 habitantes.

Del 2002 al año pasado, la población carcelaria aumentó un 58,9%. Sin embargo, sigue siendo una de las tasas más bajas de la región. Brasil, por ejemplo, tiene una tasa de 307, Chile 241, Uruguay 291, y los EE.UU., de 693.

La provincia de Buenos Aires aloja a 31.760 presos en sus cárceles, y en 7 alcaidías, a 1317 internos. En conjunto representan aproximadamente el 45% de los detenidos de todo el país. En tanto, hay unas 2300 personas en comisarías y 1200 con monitoreo electrónico.

Además, el sistema recibe por año unos 2200 presos, mientras que la tasa de recambio es de 600. Cuenta con unas 26.000 plazas, lo que resulta en una sobrepoblación de 7000 internos, que asciende a 9000 contando los alojados en comisarías.

Un 95,8 por ciento de los detenidos son hombres, mientras que un 4,14 % son mujeres. Un dato novedoso es que por primera vez el informe SNEEP detalla la cantidad de personas transexuales alojadas en las cárceles argentinas, que son 33 (0,04% de la población).

Gran parte de la población penitenciaria es más bien joven: el 38,8 % tiene entre 25 y 34 años. La pequeña cifra de menores de 18 que figura en el gráfico corresponde a menores alojados en instituciones que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal pero no son cárceles, según explicaron  fuentes del Ministerio de Justicia. En cuanto a las nacionalidades, el 94% de los detenidos son argentinos, mientras que sólo el 6% son extranjeros, principalmente de origen paraguayo, peruano y boliviano.

Tipo de delito

A nivel histórico, en los últimos 10 años, el delito más común cometido por los detenidos es el robo o tentativa de robo, mientras que en segundo lugar se encuentran los homicidios dolosos. Infracción a la ley de drogas, violaciones y hurtos se intercalan para ocupar el tercer puesto en la última década, aunque el último delito mencionado bajó considerablemente el año pasado, al menos en relación a los detenidos.

Con respecto a la ley de drogas, según la Procuraduría de Narcocriminalidad, el 44% de los 50317 expedientes iniciados el año pasado corresponde a casos vinculados a drogas. Sin embargo, la mitad corresponde a casos por tenencia simple o para consumo personal y el otro 50% a hechos relacionados con organizaciones narcocriminales. Algo de eso puede verse reflejado en la población penitenciaria.

La cantidad de presos por cometer secuestros también tuvieron un descenso considerable: pasaron del puesto 9 en 2002 al 14 en 2015.

Del total de los detenidos en 2015, cerca del 50% son procesados, mientras que de los condenados son el 49%, esto es una tendencia histórica. Entre los condenados, la mayoría recibió una pena de entre 3 y 9 años de prisión.

Algunas aclaraciones:

Robo: es el delito que se comete al apoderarse con ánimo de lucro de algo ajeno, siempre que se emplee violencia sobre las personas o fuerza en las cosas.

Hurto: tomar con ánimo de lucro elementos ajenos contra la voluntad de su dueño, sin que se incurra en violencia.

Otros delitos contra las personas: puede ser instigación al suicidio, aborto, lesiones, abandono de persona

Delitos contra el honor: calumnias, injurias

Otros delitos contra la propiedad: puede ser extorsión, estafas, usurpación,daños.

Cuántos extranjeros hay en el país, cuántos están detenidos y cuáles están presos por infracción a la Ley de drogas.

Después de la firma del decreto que endurece la Ley de Migraciones. Desde el Gobierno aseguraron que el objetivo principal es acelerar la expulsión de los extranjeros que delinquen, procesos que, según voceros oficiales, llegaban a durar entre 6 y 7 años, y evitar el ingreso de personas con antecedentes penales.

Si bien algunos sectores políticos aprobaron la medida, también generó polémica, sobre todo de parte de diversos organismos defensores de los Derechos Humanos . En ese marco, se elaboró una «radiografía» con los datos sobre los inmigrantes en el país, y su incidencia en el delito.

Población extranjera

 

Según el Censo 2010, último realizado en el país, en la Argentina hay 1.800.000 residentes no nativos. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un estudio que proyectó esa cifra a 2.000.000. Es decir, sólo el 4,6% de la población que vive en la Argentina es extranjera.

La inmigración que más creció en los últimos años proviene de países latinoamericanos, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú, que en conjunto representan el 75% de la migración latinoamericana.

Inmigración y delito

Si bien algunos funcionarios y representantes de la política insistieron en que el 21% de los presos del país son extranjeros, la cifra es engañosa. El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep) indica que el 23% de los presos detenidos en cárceles federales son de otros países. Esta cifra, según se pudo saber , bajó al 21% en 2016. Pero ese porcentaje sólo contempla las detenciones bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Si analizamos los números totales, es decir, la cantidad de extranjeros detenidos en relación a la población penitenciaria completa de la Argentina, el porcentaje es mucho más bajo: sólo el 6% de los detenidos son de otros países. (Unos 4300 sobre 71.000 presos).Esto quiere decir que sólo el 0,2 % de los extranjeros que residen en el país está detenido. La cifra se mantuvo más o menos estable en los últimos 10 años.

Las principales nacionalidades son paraguayas (1400 presos, de 550.713 residiendo en el país), peruanas y bolivianas, en coincidencia con la mayor presencia de esos migrantes en el país.

¿Protagonistas del narcotráfico?

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , resaltó que la preocupación del Gobierno es la cantidad de extranjeros que cometen delitos vinculados al narcotráfico en el país. En ese sentido, señaló que «en el tema de las drogas, sube del 6% de presos extranjeros al 33%». Nuevamente la cifra contempla sólo los detenidos en el SPF.

Los datos oficiales del SPF establecen que de los 10.521 presos en cárceles federales, unos 3804 lo están por infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes). Entre esos detenidos, 1284 son extranjeros. De allí se extrae el porcentaje del 33%.

Sin embargo, si se tienen en cuenta todas las cárceles del país, y no sólo las federales, son alrededor de 8000 los presos por infracción a la ley de drogas, de los cuales 1400 son extranjeros, es decir, el 17,5 %.

Debate

Para el Gobierno, el endurecimiento de la ley migratoria se justifica como medio para «evitar el ingreso y la permanencia en el país» de extranjeros con causas penales. Si bien la ley ya establecía como impedimento «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior», con la modificación, se determina que se entienda como antecedente penal «un auto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable».

Según confiaron las fuentes , «el Poder Judicial no estaba informando sobre procesos judiciales abiertos a extranjeros. La idea es que, bajo conocimiento de estos procesos, se pueda iniciar un trámite de expulsión».

Para Ariel Cejas Meliare, director de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria, la estadística de detenidos extranjeros «es muy baja». «Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de política criminal contra este colectivo porque sin datos oficiales rozamos la discriminación y la estigmatización», señaló.

Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) difundieron un comunicado en el que cuestionan que «Patricia Bullrich utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria». Además, aseguraron que «la reforma de leyes importantes, que afectan derechos, por medio de decretos significa una práctica deficitaria en términos democráticos».

En tanto, desde Amnistía Internacional manifestaron su preocupación ante lo que consideraron «una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina».