Fondo del Conurbano, el manotazo de endeudado.
Déficit fiscal, endeudamiento y discriminación en la coparticipación de los recursos deslucen un reclamo genuino pero que se prestigiaría y mejoraría con su tratamiento en la Legislatura.
Hace meses se viene conjeturando sobre cuál será el fallo que adoptará la Corte Suprema de Justicia acerca de la asignación de recursos provenientes del Fondo del Conurbano (FCB), tras el pedido de la provincia de Buenos Aires que también reclama un incremento presupuestario retroactivo del mismo. Su desenlace no dependerá exclusivamente de la sentencia judicial, sino de la negociación política entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y las provincias, y la Legislatura Bonaerense.
Con la sanción de la Ley 23.548, en 1988 Buenos Aires pasó de percibir el 28,3% al 21,7% de los recursos que la Nación envía a las provincias. Con el objetivo de compensar esa merma, cuatro años más tarde (1992) se creó el FCB cuyos recursos provendrían del 10% de la recaudación nacional del impuesto a las Ganancias. Pero en 1996 se fija un tope al FCB de $650 millones, que representaba entonces el 96% del total correspondiente a ese 10%. Como consecuencia de ello, la diferencia entre el 10% del total recaudado de impuestos a las ganancias y el tope establecido ($650 millones), comenzó a repartirse entre las demás provincias, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese tope establecido significó una importante pérdida para la Provincia, pues pasó del 100% del FCB (equivalente al 10% de la recaudación total del impuesto a las ganancias) a recibir tan solo el 1,2% en el 2017. Esto implicó una pérdida acumulada de unos $230,3 mil millones entre 1996 y 2017.
La continua pérdida en la participación provincial traería aparejado un rojo fiscal que se acercará a los $65.000 millones en 2017, con un déficit corriente de $45.000 millones, de los cuales $40.000 millones son cubiertos con transferencias del tesoro nacional. Los restantes $25.000 millones, con deuda provincial.
Gracias al bajo nivel de endeudamiento heredado, y pese a la ayuda nacional, la actual gestión bonaerense tomó deuda pública desde diciembre de 2015 a la fecha por unos 8.000 millones de dólares (2016: U$S 4.500 millones; 2017: U$S3.500 millones), que representa el 89% del monto total de la deuda acumulada al momento de asumir la nueva gestión provincial (U$S 9.000 millones). Los escalofriantes números no hacen otra cosa que visibilizar y sincerar el verdadero motivo que impulsa a la gobernadora a presionar por los fondos con tanta vehemencia: “La situación no se hace sostenible en el mediano plazo”.
En caso que se libere el “techo” del FCB para Buenos Aires, emergería el dilema de “la sábana corta”, puesto que si bien la administración bonaerense cerraría (al menos parcialmente) su brecha fiscal, un destacado grupo de provincias verían reducidos sus ingresos y comprometido el pago de la nómina salarial mensual. En tal caso, la Nación debería asumir ese costo fiscal sacrificando recursos propios para evitar el desfinanciamiento de las cuentas provinciales.
Paradójicamente, pese al nombre que lleva, el FCB no resulta coparticipable hacia los gobiernos locales, quedando en manos de la discrecionalidad y arbitrariedad del gobierno provincial al momento de asignar territorialmente sus recursos.
Al respecto, cabe destacar que en lo que va de 2017 los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) realizados por la administración nacional hacia los gobiernos locales tuvieron una asignación en virtud del color político de turno. Más precisamente, de cada 10 pesos girados bajo este concepto, 7,7 pesos son destinados a municipios oficialistas en la provincia de Buenos Aires.
Frente a esta situación, la Legislatura Bonaerense podría contemplar la coparticipación automática de esos fondos con los municipios al momento de discutir el presupuesto del año entrante.
Más aún, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años los municipios del conurbano bonaerense tuvieron una destacada expansión demográfica, por encima del crecimiento medio de la provincia. Esta explosión migratoria impuso nuevas demandas locales de sus habitantes y el congestionamiento en el acceso a los servicios públicos básicos, sin que ello se viera reflejado en un incremento igual de sus bases tributarias que permitiera dar respuesta a esas necesidades.
Resulta de suma importancia para los municipios bonaerenses participar en la ejecución de ese auxilio presupuestario que significaría la actualización del FCB, no solo para evitar las discrecionalidades del gobierno provincial sino para contribuir a una ejecución eficiente y efectiva de tales recursos. La gestión municipal de gobierno es la que mayor proximidad tiene a las necesidades de los vecinos y las empresas emplazadas en el territorio, convive con sus urgencias y sus prioridades.
Un Plan de Desarrollo Territorial que tenga por objetivo la realización de obras de infraestructura con participación activa de los municipios afectados, podría ser una buena iniciativa para equilibrar las asimetrías mencionadas.