El peronismo y los K con exigencias a Vidal en materia de seguridad

Con un anuncio y una foto, intendentes y legisladores de las bancadas peronistas presentaron en la Legislatura un proyecto para traspasar la Policía Local a la órbita de los Municipios. Además, pidieron la reapertura de las escuelas descentralizadas para esa fuerza.

La intención fue más que clara. Mostrar la unidad y marcarle la cancha a la gobernadora María Eugenia Vidal en materia de seguridad, que en los últimos días volvió con fuerza a la agenda mediática a raíz de una serie de violentos episodios.

Con esta premisa, intendentes y legisladores alineados al peronismo (excepto el Frente Renovador) anunciaron la presentación de dos proyectos en la Legislatura bonaerense: el traspaso de la Policía Local a la órbita municipal y la reapertura de las escuelas descentralizadas de esta fuerza.

 

Se trata del primer coletazo político tras la muerte del chofer de colectivo Leandro Alcazar, ocurrida a mediados de abril en La Matanza, que desató un cruce de acusaciones entre Magario y Vidal. Pero también del reciente intento de toma de la comisaría de San Justo y las protestas vecinales por los dos asesinatos ocurridos en Tres de Febrero, donde gobierna el macrista Diego Valenzuela.

Esa seguidilla de hechos volvió a poner en alerta a los intendentes, que denuncian que no tienen herramientas para actuar sobre la inseguridad, pero que cargan con el costo -humano y político- de cada tragedia ante sus vecinos.

 

“Estamos todos los días cara a cara con los vecinos. Los medios saben que no es una cuestión de un distrito, sino en todos los de la Provincia. Nuestra preocupación es por nuestros vecinos a quienes acompañamos. Poco a poco los intendentes nos vamos haciendo cargo sobre las que no tenemos las herramientas”, señaló el mandamás de Ituzaingó, Alberto Descalzo, uno de los impulsores de la presentación.

En esta línea, señaló: “Sacamos dinero importante de nuestro presupuesto para la seguridad. Todos compramos patrulleros, motos, centros de atención en la seguridad, compra de cámaras, botones antipánico. No tenemos una ley en la cual diga que un intendente pueda decirle a un comisario dónde están la mayoría de los delitos. Estamos afuera. No podemos explicar que no tenemos la Policía Local”.

Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, expresó: “Queremos comenzar a visibilizar la responsabilidad que tenemos los intendentes sobre la seguridad. Venimos a no politizar un tema, que le duele a todos los bonaerenses, tanto en el Conurbano como en el interior. Queremos aportar una mesa de diálogo”.

“Todos los que estamos aquí nunca fuimos convocados a una mesa de trabajo para discutir la cantidad de proyectos en materia de seguridad”, apuntó Insaurralde contra el Gobierno de María Eugenia Vidal y puntualizó: «Si nos van a transferir los problemas, transfieran también las responsabilidades con recursos».

En contacto con la prensa, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, explicó que “son los municipios,  con fondos municipales, las que nos hacemos cargo de la formación, capacitación y mantenimiento de estas fuerzas, pero no nos delegan la operatividad directa”, al tiempo que afirmó que “queremos una mesa de participación, trabajar en conjunto con la Provincia para la prevención y disuasión del delito”.

En tanto, el diputado Carlos Urquiaga, la diputada Marisol Merquel señaló que “es fundamental que el gobierno nos cuente cuál es su plan de seguridad y que incorpore a los intendentes en la búsqueda de soluciones concretas”. Asimismo, agregó: “ante los hechos de violencia social, que nos afectan a todos, tenemos que trabajar en una propuesta de desarme y de educación para alcanzar la paz.”

Respecto de esta temática, la diputada peronista remarcó que “la única manera de encarar una política de desarme para disminuir la violencia social, es trabajar en conjunto con todos los sectores y espacios políticos”. En tal sentido, Merquel concluyó: “no es una discusión que pueda dar en soledad ni el oficialismo ni tampoco la oposición. Las soluciones las vamos a encontrar trabajando en conjunto».

 

Insaurralde y Magario se presentaron en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerenses, en La Plata, rodeados por otros 15 intendentes del PJ, por los diputados nacionales Fernando Espinoza y Wado de Pedro, y los legisladores provinciales del bloque PJ Unidad y Renovación.

Fue, si se quiere, una suerte de debut de Magario e Insaurralde como precandidatos a gobernador del peronismo. Se espera que ambos, por separado, multipliquen sus apariciones públicas y sus recorridos para ganar rodaje de cara a la campaña de 2019.

«No se pueden trasladar los problemas sin los recursos para resolverlos. Los intendentes queremos debatir la responsabilidad de los municipios en la seguridad de nuestros vecinos», sostuvo Insaurralde.

Magario denunció el crecimiento «feroz» de los delitos y exigió «un abordaje real e integrado» entre la provincia y los municipios. «Existe una Policía Local de la que pagamos los edificios, los uniformes y los equipamientos, lo único que no pagamos son los sueldos. Pero tampoco tenemos la autoridad ni la competencia para dirigirlos. Por eso pedimos que nos transfieran esa policía con sus recursos», resaltó.

A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad negó ayer que haya disminuido el número de efectivos de la Policía Local. Sostuvo que entre 2015 y 2017 se nombraron 24.043 efectivos, de los cuales 20.000 están en funciones, y que 81 de los 135 municipios alcanzaron el cupo pactado con la provincia.

Además afirmaron que en 32 municipios se pactó el traspaso de la Policía Local a la Policía Comunal. La aclaración se presta a confusión, ya que la Policía Comunal es otro cuerpo -creada en 2004 por León Arslanián- que actúa en los distritos con menos de 70.000 habitantes y que, también, depende operativamente de la provincia.

Lo que los intendentes sí controlan hoy son los cuerpos de Policía Municipal, que tienen amplio despliegue en algunos distritos -Tigre, Ezeiza o San Isidro, por citar ejemplos de tres partidos políticos distintos-, pero que apenas tienen efectivos, equipamiento y móviles en los municipios «pobres» del conurbano y el interior.