CRIMEN Y JUSTICIA, Castigar a quienes nos cuidan..?
El viernes a la tarde, en la sede de la Multisectorial La Boca Resiste y Propone, se realizó una conferencia de prensa 
en la que se informó sobre los avances en la causa que investiga el crimen de Pablo Kukoc, a quien el policía Luis Chocobar asesinó por la espalda en diciembre último. Allí dio testimonio su madre, Ivonne Kukoc.La conferencia comenzó con la lectura del comunicado de la comisión de Niñez y Juventud de la Multisectorial, que expresa entre otras cosas que “la profunda preocupación de los vecinos de la Boca, y las diferentes organizaciones sociales, instituciones y organismos de derechos humanos por el intento del Gobierno Nacional de presionar al Poder Judicial y la voluntad de legitimar el accionar represivo de las Fuerzas de Seguridad”.
Ivonne Kukoc pidió justicia por su hijo, afirmó que va a luchar por que la muerte de su hijo no quede impune y 
espera que el Gobierno Nacional no se interponga en el camino de la investigación judicial, sobre todo a partir de los últimos dichos de Mauricio Macri.
La madre de Pablo planteó que en la misma mañana del viernes se realizó una audiencia de la cual participaron ambas partes. Allí planteó que para ella no hubo excesos por parte del policía sino que hubo un homicidio agravado. Y se encuentra a la espera de que en los próximos cinco días hábiles se expida el Poder Judicial.
También informó que fue convocada a mantener un encuentro con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación Claudio Avruj y con la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia. No obstante manifestó que aun no decidió si va a asistir porque el pedido de audiencia era para el Presidente.
Ivonne también dijo que a Macri no le interesa el policía, ni las familias de las víctimas sino que intenta acreditar el gatillo fácil. En ese marco sentenció que su hijo no fue juzgado por un juez, sino por el policía.
Por último la madre de Kukoc respondió preguntas de la prensa. Aprovechó para desmentir las versiones que decías que no la iban a dejar participar de la audiencia que se realizó en el Juzgado. Y planteó que ella desea que los jueces actúen con la mayor independencia posible.
Antes de que termine la conferencia de prensa Ivonne informó que ha recibido diversas amenazas de muerte tanto hacia ella como hacia sus hijos, entendiendo que las mismas tienen un origen político y que va a luchar hasta que Chocobar pague por lo que hizo.
El Gobierno busca concretar una reunión con la madre del joven que fue baleado por el policía Luis Chocobar tras el violento robo a un turista en el barrio porteño de La Boca, luego que le aplicaron diez puñaladas al turista norteamericano Frank Joseph Wolek, en la esquina de Olavarría y Garibaldi, en La Boca.
Sin embargo, Ivonne Kukoc rechazó ser recibida solo por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y reclama que también participe Mauricio Macri.
Tras participar de una audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Juan Pablo Kukoc, la mujer recibió un llamado de parte de integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para un encuentro con Avruj y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Matías Garrido, el 21 de febrero a las 11:00.
Sin embargo, Ivonne Kukoc puso en duda su asistencia, ya que remarcó que previamente había realizado un pedido para una audiencia con el jefe de Estado.
«No creo presentarme, porque el pedido era hacia el presidente Macri. Llevé una carta (a la Casa Rosada). En ningún momento él se reunió con la parte que más sufrió, que más fue afectada. Me acerqué porque quiero preguntarle por qué felicitó a una persona que mató a otra persona. Quiero pedirle que no se meta, que tiene mucho poder, pero estamos hablando del poder de la Justicia, que deje que sea todo claro y transparente, porque hay muchos videos contundentes», remarcó la mujer.
En una conferencia de prensa en el espacio Casa Tasso, en el barrio porteño de La Boca, Kukoc se quejó de que el caso de su hijo de 18 años fue «una pena de muerte sin juicio».
«A ellos no les importa el policía ni mi familia, a ellos les interesa otra cosa, acreditar lo que es el gatillo fácil, permitir que cuando se equivoque un chico sea matado por la Policía, no permitir que sean juzgados. Mi hijo fue juzgado por el propio policía», agregó.
Por último, la mujer denunció que está recibiendo «muchísimas amenazas» mediante las redes sociales: «Quieren callarme la boca, pero voy a seguir hasta que este asesino esté preso».
Frank Joseph Wolek – La victima
Era 8 de diciembre y lo que pasó esa mañana lo cambiaría todo. Juan Pablo Kukoc (18) salió a robar con un amigo
un año menor y juntos le pegaron diez puñaladas al turista norteamericano Frank Joseph Wolek (54) para sacarle la cámara de fotos. Mientras Kukoc escapaba, el policía Luis Oscar Chocobar -vestido de civil-, lo corrió, le dio la voz de alto y lo mató de dos balazos por detrás, uno en la espalda y otro en un muslo.
Según los testimonios volcados en el expediente judicial, esa mañana Chocobar y tres vecinos escucharon a Wolek pidiendo ayuda. Vieron a Kukoc y a su cómplice corriendo por la calle Olavarría, en La Boca, con la cámara del turista, y salieron a perseguirlos. Dos fueron en moto y Chocobar y otro hombre, corriendo.
Uno de los vecinos, dueño de un comercio en Olavarría al 800, fue el que subió a la moto para perseguir a los asaltantes. Cuando los tuvo a la par, le advirtió a uno de ellos: “Quedate quieto y pasame la cámara… en este lugar no vengas a hacer quilombo porque después tenemos problemas nosotros…”. Como Kukoc no le hizo caso, el comerciante se bajó y le arrebató la cámara de las manos.
En ese momento, llegó al lugar el otro vecino que iba corriente. Este dijo que escuchó el grito “alto, policía…”. Después sonaron “tres disparos de arma de fuego”. Vio a Kukoc corriendo.
“Dije ‘alto, policía’ una sola vez y los vecinos se fueron para atrás para protegerse”, advirtió el suboficial de la Bonaerense en la causa.
La mayoría de la sociedad lo tiene claro: el delincuente no es una víctima
Nos decia Carolina Piparo quien fuera victima de motochorros que le dispararon aun cuando estaba embarazada , por lo cual perdió a su bebe; hoy es diputada provincial y una voz coherente de una victima que sobrevivió a la violencia y la liviandad de los jueces.
Para la gran mayoría de los argentinos, al igual que para el gobierno de Cambiemos, no caben dudas acerca de quién fue la víctima y quién fue el victimario en el caso Chocobar.
El 8 de diciembre pasado, dos jóvenes con antecedentes penales salieron a delinquir, un turista norteamericano paseaba con su cámara de fotos por el barrio de La Boca y un policía honesto se dirigía a hacer horas extras para complementar su salario. Todos sabemos cómo concluyó la escena en la que confluyeron: lo sabemos porque las pocas veces que un delincuente termina muriendo en la comisión de un delito se abren debates que realmente cuesta imaginar que se den en otros países. Un debate que unos pocos tratan de imponer, ya que la inmensa mayoría se cansó de tener miedo y no ve en el accionar de Chocobar más que un acto de defensa de la 
ciudadanía.
Pero en el debate de estos días poca atención se prestó a los antecedentes de ambos delincuentes y al rol de todas las instituciones que fallaron, incluyendo a la familia y a la Justicia. Frente a esta omisión, culpar a Chocobar parece un lugar cómodo y políticamente correcto.
Juan Pablo Kukoc tenía 18 años y había estado tres meses en el Instituto de Menores San Martín por «una causa parecida de la que no quiero hablar», dijo su mamá en un momento, quien en una entrevista con La Izquierda Diario, también reconoció que le costó poner límites a su hijo: «Siempre lo malcrié demasiado, creo que ese fue el primer error mío, que sobrepasara todos mis límites».
El 8 de diciembre, un amigo de Juan Pablo que había conocido en ese mismo Instituto recuperó la libertad y para festejar, le propuso salir a recorrer el barrio de La Boca «para ver qué sale». Lo que «salió» fue asestar diez puñaladas en el pecho para robarle una cámara a Joe Wolek.
En ese momento intervino Luis Chocobar, quien persiguió a los dos delincuentes mientras se identificaba como policía y daba la voz de alto. Luis disparó al aire y luego hacia debajo de la cintura. Dos balas alcanzaron a Juan Pablo, quien se desplomó. Tras cuatro días internado en el hospital Argerich, finalmente perdió su vida en el mismo nosocomio donde su víctima, Wolek, se salvaría de milagro.
Luis Chocobar fue procesado y encarcelado el mismo día del asalto. Pasó tres días durmiendo en un calabozo acusado de «homicidio agravado». Tras ser liberado, su causa siguió abierta. Este mes el juez Enrique Gustavo Velázquez decidió embargarlo por 400.000 pesos: veintiún salarios de este policía, quien arriesga su vida todos los días por 19.000 pesos al mes.
Luis no puede volver a su casa, porque hasta ese día vivía en el mismo barrio que la familia de Kukoc. Amenazado, teme por su seguridad, la de su pareja y la de sus hijos. Y esta es una cuestión que sería interesante pensar: ¿tan distinta fue la vida de Kukoc y Chocobar? Ambos eran jóvenes, humildes, habían venido a Buenos Aires desde Salta y vivían en el mismo barrio. Frente a esta realidad, el mensaje de la Justicia Penal parece ser: «El camino del delito te transforma en víctima y el camino del esfuerzo te transforma en asesino». Parece que para unos no hubo opción y para otros miles de ellas.
Predecir que el delito había cesado para Chocobar, cuando una persona que acababa de apuñalar 10 veces escapaba con el arma en sus manos, parece ser fácil desde una computadora o para los filósofos de «la ley», esa misma ley que puede tener 100 interpretaciones diferentes para un mismo hecho. Pero, ¿saben para quien hubiera sido más fácil predecir este final? Para el Juez que liberó a una persona peligrosa. Ellos sí cuentan con el tiempo y las herramientas de la psicología, la psiquiatría y las ciencias sociales para al menos saber si es conveniente la libertad de los criminales que pasan por sus juzgados.
En estos tiempos, es realmente loable que haya argentinos que opten por ser parte de nuestras fuerzas de seguridad. Su trabajo es peligroso, sus recursos escasos y son desde hace años injustamente sospechados por el mal accionar de unos pocos. Nadie quiere una fuerza policial que se exceda, pero de ahí a considerar exceso todo su accionar en pos de defendernos hay una distancia muy grande. Las garantías constitucionales, que nadie discute en una sociedad democrática, son llevadas al extremo de dejar de ser el ejercicio legítimo de derechos para transformarse en un sistema de artilugios cuyo único objetivo es el de eludir la Justicia y garantizar la impunidad del que delinque y la culpabilidad de quien no muere en el intento de defendernos de un asesino. Esta desopilante teoría, mal llamada «garantista», nos da muestra en este caso de la falta absoluta de sentido común: mientras Chocobar estaba encerrado en una celda, el menor de edad cómplice de Kukoc quedaba en libertad.
Me pregunto qué harán esos jueces el día que alcancemos por fin la justicia social. El deseo de que llegue ese día es por suerte un punto en el que todos coincidimos, pero en ese momento nos daremos cuenta de que, aún en los países con mayor justicia social, el índice de criminalidad existe. Ese día, me pregunto, ¿qué justificación encontrarán a los delitos que destruyen tantas familias todos los días? La marginalidad y la droga potencian el delito, pero la impunidad que algunos de ustedes predican en sus fallos es la que lo fomenta, señores Jueces, a los que nunca escuché reclamar más y mejores Institutos de Menores y Cárceles sino que se aprovechan de sus fallas como una gran excusa para liberar y poner en riesgo nuestras vida todos los días.
El discurso de un Poder Ejecutivo que durante muchos años los acompañó se derrumba, como se derrumba la prédica de que el único camino es hacer escuelas (hoy sabemos que se deben hacer en paralelo). Y dicho sea de paso, no hicieron ni lo uno ni lo otro, cárceles no se construyen desde hace más de 15 años y no me voy a explayar sobre las evaluaciones a nuestra educación pública y privada, hoy sabemos que con el discurso no hacemos nada, que con la impunidad de corruptos, violadores y asesinos tampoco. Los resultados están a la vista. Basta de decirnos que Holanda cierra sus cárceles, porque ¿saben qué? Para cerrarlas primero necesitó inaugurarlas.
A Chocobar lo cuestionará la Justicia, esa misma incapaz de cuestionar cómo un juez liberó a un menor tan peligroso, esa misma que le falla una y otra vez a la sociedad entera que queda a merced de asesinos liberados sin ninguna consideración. Le fallaron al mismo Juan Pablo, a quien su familia no pudo contener y quien pudo haber tenido otro final si la Justicia se hubiese comprometido con su tarea.
Celebro que desde el gobierno provincial se estén haciendo todos los esfuerzos para recapacitar a policías que se habían recibido en tres meses y para brindarles más recursos a la hora de defendernos, como también celebro que el Presidente y la Ministra de Seguridad de la Nación hayan recibido a Chocobar, marcando que la doctrina ha cambiado, que para la inmensa mayoría de la sociedad -y, afortunadamente, para la mayoría de los miembros que nos representan en el Poder Ejecutivo- no caben dudas acerca de quién fue la víctima y quién fue el victimario. Ahora el Poder Judicial, divorciado de la sociedad que debe proteger, deberá escuchar el mensaje y el grito de auxilio que estamos dando muchos.
Vale la pena recordar el instrumento de Derechos Humanos dictado por la ONU, las tan mencionadas pero poco leídas Reglas de Mandela, que establecen que «los objetivos de las penas son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción social». El orden no es casual, ni tampoco la fórmula «en lo posible». La reinserción social debe ser un objetivo a cumplir de la condena, pero su fin primero y principal es la protección social de la mayoría silenciosa que no delinque. En este caso, hay alguien que salió de su casa dispuesto a matarnos y otro a defendernos.
Lamento el fallecimiento de Juan Pablo Kukoc porque el final de su vida estuvo en manos de varios, y no justamente de Chocobar, pero en una entrevista al pasar escuché a su madre decir: «Yo ahora tengo miedo por toda mi familia». Ese temor es el que sentimos hace años la mayoría de los argentinos.
Hoy Carolina Piparo es Diputada provincial y miembro de Usina de Justicia.
La doctrina «Castigar a quienes nos cuidan» no corre más con este Gobierno
La frase de la ministra Patricia Bullrich, “Cuidar a los que nos cuidan”, traza una raya importantísima con quienes solo quieren “castigar a quienes nos cuidan”. Y será una política de Gobierno, que incluye la mayor capacitación y control de las Fuerzas.
Alrededor del tema Chocobar hay varias discusiones paralelas, decia el Diputado Amadeo . «Por un lado, está la puramente judicial: ¿Chocobar actuó de acuerdo con la ley? ¿Fue legítima defensa, exceso, gatillo fácil? ¿Debió haber disparado como lo hizo? Esta discusión se resolverá en los Tribunales y en ella seguramente influirán las variadas miradas teóricas, que incluyen el garantismo.»
Obviamente esta discusión no es pura y está influenciada, entre otras cosas, por la presión mediática, en la que una parte de la prensa ha sacado sus propias conclusiones antes del juicio definitivo de los jueces.
La segunda discusión es la política, que está marcada por la (sobre)actuación de los organismos de derechos humanos, para los que cualquier situación de este tipo debe ser resuelta con un concepto a priori: las fuerzas de seguridad son culpables por definición y deben ser apartadas y castigadas, aun cuando no haya pruebas claras. Para ellos, incluso la palabra de la Justicia es relativa, porque desde el principio existen un culpable y un inocente que están definidos por la lucha política.
El estruendoso fracaso en el caso Maldonado no los ha amilanado y buscan cualquier oportunidad para retomar un lugar en la credibilidad pública. Lo peor de este discurso es que demuestra que para muchos de sus líderes los derechos humanos son relativos: deben respetarse para los amigos, pero no para los adversarios. Aun cuando sea cierto que el Estado tiene el poder de la fuerza pública y, por tanto, debe ser doblemente cuidadoso en su uso, estas personas no dicen una palabra cuando los seres humanos que forman las fuerzas, e incluso sus familiares, sufren la agresión de los delincuentes.
La tercera discusión o conversación es la social; lo que piensa, siente y expresa la sociedad. En este caso, como bien dijo hace poco Jaime Durán Barba, la sociedad tiene una posición durísima, de muy baja tolerancia al delito y sus consecuencias. Desde la pena de muerte hasta el endurecimiento de todas las penas y la desaparición de concesiones como las salidas anticipadas, la sociedad tiene definitivamente una posición que podríamos denominar represiva. Cualquier alternativa al encarcelamiento, y aun un régimen más leve para los menores, tiene un rechazo masivo. Tampoco debemos caer en estos extremos.
Maldonado, Nahuel, Chocobar son síntomas de un proceso mucho más profundo que va a tener consecuencias. Ante todo para la Justicia, que verá limitada su capacidad para un trabajo autónomo en el que no tome en cuenta la realidad social. Y no me refiero a juzgar por la presión social, sino juzgar en los tiempos que correspondan, tomando en cuenta las pruebas y respetando plenamente la legislación. Cada vez más los jueces deberán responder por sus actos.
Luego, la actuación de los organismos de derechos humanos, que deben despolitizarse y volver a la esencia de su carácter absoluto. Si no lo hacen, el desprestigio social les va a costar muy caro en términos del lugar respetable que pueden y deben tener.
Con respecto a la presión social, corresponde a la política encontrar un justo medio que logre no solo espectacularidad, sino también resultados.
Mucho se está avanzando en todos estos campos desde el Gobierno. La frase de la ministra Bullrich: «Cuidar a los que nos cuidan», traza una raya importantísima con quienes solo quieren «castigar a quienes nos cuidan». Y será una política de Gobierno, que incluye la mayor capacitación y control de las Fuerzas. La reforma judicial está en marcha, incluye una transformación carcelaria profunda. Y pondremos, como legisladores y militantes, toda nuestra energía para que se frene el uso perverso de los derechos humanos como herramienta de la lucha política.